Las agresiones al personal sanitario se han convertido, lamentablemente, en algo común que aumenta cada año, junto a la hostilidad y la desconfianza por parte de los pacientes y sus familiares en España, al punto que solo de enero a agosto del 2020, según datos del Ministerio del Interior de ese país, se han producido 446 agresiones a profesionales, lo que es 68 incidentes más que el año pasado en el mismo periodo.
Esta cifra supone que, en España, dos médicos son agredidos cada día. Esta cifra fue confirmada por la Conferencia Estatal de Sindicatos Médicos (CESM), que señala que el 85% de los médicos ha experimentado alguna vez episodios de violencia por parte de pacientes o familiares. De hecho, el perfil mayoritario de la víctima es el de mujer médica que trabaja en el ámbito extrahospitalario.
En la reforma de 2015 de nuestro código penal se comenzó a considerar a los profesionales sanitarios que actúan en el ámbito sanitario público como autoridad. De modo que una agresión, intimidación o violencia que sufra un profesional durante su ejercicio en la administración pública, se considera como un delito grave.
Sin embargo, el código penal, no contempla estas actuaciones como delito grave dentro de la sanidad privada, al no otorgar a sus profesionales la categoría de autoridad. Por tanto, en estos casos, se considerarían delitos leves u otro tipo de delitos, las amenazas, coacciónes, lesiones, entre otros.
En este sentido, CESM y la Organización Médica Colegial (OMC), recuerdan que el alcance de este artículo penal debe ampliarse para proteger a todos los profesionales, aunque valoran como un paso importante la reforma introducida en el código penal.
Es por ello por lo que se aconseja que el profesional sanitario se ponga en las manos de profesionales del derecho con el fin de que éstos puedan analizar la viabilidad de interponer una denuncia o, por el contrario, llevar a cabo otro tipo de actuación si procede.