ADIFAN EXPONE ERRORES EN DECRETO DE URGENCIA QUE SERÍAN INCLUSO INCONSTITUCIONALES

La Asociación de Industrias Farmacéuticas Nacionales (ADIFAN) a través de José Silva Pellegrin, presidente, cuestionó que de manera subsidiada y furtiva el Estado centralice inconstitucionalmente la comercialización de medicamentos genéricos, adquiridos -a través de un operador logístico- a organismos internacionales lejos de los sistemas de control de compras estatales nacionales en nuestro país.
“Por supuesto, también comprando a fabricantes extranjeros, de espaldas a la producción peruana de medicamentos, con el consecuente retraso en la industria del conocimiento y puestos de trabajo altamente calificados que esto produce”, dijo el presidente de ADIFAN.

Obligatoriedad
Para ADIFAN, el tema de la obligatoriedad que tengan las boticas (un máximo de 40 medicamentos) es una excusa, un pretexto, para hacer la medida atractiva políticamente, la cual es inconstitucional, “porque el Estado no puede obligarte a tener en tu inventario productos que quiera que tengas con tu dinero. Han reducido las sanciones hasta llegar a la amonestación, únicamente por la presión de las medianas y pequeñas Boticas y Farmacias, y con fecha de vigencia hasta fines del año 2020, porque saben que será necesario un cambio constitucional para obligarnos a todos a tener o vender lo que el Estado nos imponga”.
“Es grave; muy grave. Primeros pasos a la escasez venezolana de medicamentos de primera necesidad”, señaló José Silva.

Primer error
Con el Decreto de Urgencia 007-2019 se cometen graves errores, el primero es centralizar funciones logísticas de compras internacionales en una institución fragmentada e ineficiente como el MINSA”.
José Silva dijo que “es el propio MINSA el generador de más del 70% de las prescripciones médicas, el verdadero causante de la falta de cobertura de medicinas, lo que hace que los pacientes tengan que salir fuera de los Centros de Salud a presionar una demanda a precios más altos”.
Veamos cómo está su ejecución presupuestal en compra de medicamentos al 1ro de noviembre de este año con datos del MEF:
Portal del MEF | Portal de Transparencia Económica

 

 

Como vemos, estamos en noviembre de 2019 y el MINSA solo ha sido capaz de ejecutar 51% de su presupuesto de compras de medicinas, debiendo estar en por lo menos el 80%. Es decididamente el causante del problema, pero se escuda políticamente en las boticas y farmacias del sector privado al que pretende sancionar.

Segundo error

El segundo error de este DU 007 es que el dinero de los trabajadores peruanos en EsSalud sea manejado por el MINSA y su ya demostrada incapacidad para hacerlo con eficiencia:
“Artículo 6.-. Ámbito de aplicación del abastecimiento de recursos estratégicos en salud
Se encuentran comprendidas en lo establecido en el artículo 5 del presente Decreto de Urgencia las siguientes entidades:

a) Ministerio de Salud,
b) Seguro Social de Salud (EsSalud),
c) Ministerio del Interior,
d) Ministerio de Defensa,
e) Ministerio de Justicia y Derechos Humanos,
f) Instituto Nacional Penitenciario (INPE)),
g) Gobiernos Regionales; y,
h) Otras entidades públicas que brinden servicios de salud.”

Tercer error
Una tercera inconstitucionalidad en este DU 007- 2019 es que, para facilitarle el trabajo a los ofertantes extranjeros o su operador logístico, que habrá de ser una cadena o alguna empresa brasilera seguramente. No se les ocurrió mejor idea que obligar a los dueños de Registros Sanitarios de publicar en la web del MINSA sus secretos comerciales:

“DISPOSICIONES COMPLEMENTARIAS FINALES
TERCERA. – Obligación de informar sobre la discontinuación temporal y definitiva de la fabricación o importación de medicamentos y productos biológicos
Todo titular de un registro sanitario y de un certificado de registro sanitario vigente de un medicamento y producto biológico está obligado a informar a la Autoridad Nacional de Productos Farmacéuticos, Dispositivos Médicos y Productos Sanitarios (ANM) de los casos de discontinuación temporal o definitiva de la fabricación o importación de dichos productos y de la reactivación de la fabricación o importación de los mismos, según las condiciones que establezca el Reglamento.
Constituye infracción a la presente disposición no informar a la ANM, en las condiciones establecidas, de los casos de discontinuación temporal o definitiva de la fabricación o importación de medicamentos y productos biológicos y de la reactivación de la fabricación o importación de los mismos, lo cual es sancionado con multa de hasta dos (2) Unidades Impositivas Tributarias – UIT.
La ANM divulga, en su página web, la información proporcionada por el titular del registro sanitario y del certificado de registro sanitario vigente de un medicamento y producto biológico, respecto de la discontinuación temporal o definitiva de la fabricación o importación de dichos productos y de la reactivación de la fabricación o importación de los mismos, según las condiciones que y plazos de información que se establezcan en el Reglamento.”

Esta tercera disposición complementaria final contradice la Constitución en la parte que a la Letra dice:
“Artículo 58°. – Economía Social de Mercado

La iniciativa privada es libre. Se ejerce en una economía social de mercado. Bajo este régimen, el Estado orienta el desarrollo del país, y actúa principalmente en las áreas de promoción de empleo, salud, educación, seguridad, servicios públicos e infraestructura”.

Además, el numeral 5 del artículo 2° de la Constitución prevé la confidencialidad de la información que afecte la intimidad personal, el secreto bancario, reserva tributaria y en general, aquella información excluida por ley. En sintonía con ello, la Ley N° 27806, Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública califica la información comercial como confidencial, por lo que señala expresamente que la misma es inaccesible. En línea con ello, el Texto Único Ordenado de la Ley de Represión de Conductas Anticompetitivas, aprobado mediante Decreto Supremo N° 030-2019-PCM, indica que tal información comercial es confidencial.
“Una intervención del Estado de esta manera en la economía- obligando a divulgar cantidad de producción y disponibilidad de productos por parte de una empresa- es una vulneración al marco constitucional porque además es discriminatorio, en tanto que se pretende regular una actividad que se desarrolla en libre competencia haciendo públicos secretos comerciales.
“Este decreto de urgencia hecha por tierra el principio Constitucional de libertad de empresa”, manifestó Silva.